El pasado viernes 27 de enero, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras y activistas de derechos humanos realizaron una rueda de prensa en la cual denunciaron que el Proyecto de Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional, pone en riesgo el derecho de asociación y el espacio cívico en Venezuela.
Lexys Rendón, del Laboratorio de Paz, Andrea Santacruz, de Civilis Derechos Humanos y Alí Daniels, codirector de la ONG Acceso a la Justicia, voceros del encuentro con los medios, calificaron esta norma legal como improvisada, autoritaria y persecutoria.
Lógica del enemigo interno
Rendón señaló que estas amenazas al trabajo que desempeñan las organizaciones no son nuevas. Agregó que bajo la lógica del enemigo interno que es aplicada en Venezuela, toda aquella persona u organización que disienta de las acciones del Gobierno es perseguida, hostigada y estigmatizada. Esto es «absolutamente contrario a las libertades democráticas y a las garantías de los derechos de los venezolanos y las venezolanas», recalcó la defensora de derechos humanos.
A juicio de Rendón “la criminalización de las ONG es solo la punta del iceberg del contenido de ese texto. Con esa ley se busca el control de todos los aspectos de la sociedad venezolana».
Observaciones al trabajo de ONU en Venezuela
Por su parte, Andrea Santacruz mencionó que un grupo de organizaciones de la sociedad civil venezolana entregó a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una carta abierta en la cual hicieron una serie de observaciones sobre lo que ha sido el trabajo de las Naciones Unidas en Venezuela.
La carta señala que es necesario que «el mandato integral del ACNUDH se cumpla en nuestro país, y que el componente de protección a los derechos humanos tenga el mismo nivel de importancia que el de asistencia técnica con las autoridades. En este sentido, recordamos lo que ha sido una solicitud reiterada ante la Oficina: que la protección de los derechos humanos en Venezuela requiere elevar el perfil y reforzar el trabajo conjunto de los mecanismos internacionales ante un Estado no dispuesto a cumplir recomendaciones del ACNUDH».
Agrega la misiva que «el trabajo del ACNUDH requiere alzar la voz, de manera pública y al más alto nivel, cada vez que se requiera, y reforzar el trabajo conjunto para prevenir y detener de forma definitiva las graves violaciones que continúan sucediendo en Venezuela de forma sistemática».
Santacruz denunció la detención el mismo viernes 27 de la profesora universitaria y defensora de derechos humanos María Fernanda Rodríguez, quien participó en el encuentro de la sociedad civil con el Alto Comisionado. Rodríguez fue liberada plenamente pocas horas después de su arbitraria detención.
Violación al derecho de asociación
En su intervención, el abogado Alí Daniels recordó que los intentos por regular la labor de las organizaciones de la sociedad civil no son nuevos y que este tipo de normativas atentan contra el derecho de asociación. El fin de este proyecto de ley, aprobado en primera discusión el pasado 24 de enero en el seno de la Asamblea Nacional, es imponer sanciones y multas que impidan el funcionamiento y lleven al cierre a las organizaciones de la sociedad civil. “Ello viola el derecho de asociación”, aseveró Daniels. Agregó el defensor que «los derechos humanos no son ni capitalistas ni socialistas. Carecen de ideología. Son derechos, y deben cumplirse».
Las asociaciones afectadas no son solamente las dedicadas a la defensa de derechos humanos, sino incluso las organizaciones de vecinos, las dedicadas a la educación, que rescatan animales, en general todas aquellas a las que día a día acudimos, precisó el abogado.
En la revisión del instrumento legal que se pretende aprobar se constató que “no se cita ningún estándar internacional, ni del Pacto de Derechos Civiles y Políticos ni de la Convención Americana, ni siquiera del Comité Internacional de Derechos Humanos”, añadió Daniels.
Las organizaciones hicieron un llamado a anular esta normativa que pretende imponer restricciones para el registro y nuevas exigencias para el funcionamiento de las organizaciones imposibles de cumplir. Se añaden nuevos registros anuales y sanciones desproporcionadas por incumplimiento que “están diseñadas para anular a quien no cumpla. Las multas establecidas son confiscatorias. Ninguna organización actualmente puede pagar la multa más baja que es de $3000 y menos aún la más alta que es de $12000”.
Libertad para Javier Tarazona
Los voceros cerraron la rueda de prensa exigiendo que se descarte este ley, se brinden las condiciones de garantía para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y se produzca la liberación inmediata del defensor del derechos humanos Javier Tarazona, director del Fundaredes, detenido de manera arbitraria el 2 de julio de 2021 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
