En el año 2020 y en el marco de la celebración del 45° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mediante la resolución 45/2 esta instancia solicitó a la Alta Comisionada Michelle Bachelet que prepare un informe exhaustivo de la situación de derechos humanos en Venezuela, y que el mismo sea presentado ante el Consejo en su 48°periodo de sesiones.

Llegado el 48°periodo de sesiones este 13 de septiembre la Alta Comisionada, presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, con especial atención a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así  como la asistencia técnica en Venezuela.

Puntos clave del informe

Del exhaustivo informe que presentó la Alta Comisionada, destacamos su preocupación en torno a:

• Los desafíos que presenta la población venezolana para el disfrute de sus derechos económicos y sociales debido a las crisis sociales y económicas multifactoriales preexistentes, incluyendo los bajos niveles de ingresos, ahorros y pensiones de funcionarias y funcionarios públicos.
• El uso excesivo de la fuerza para dispersar las protestas relacionadas con exigencias de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, incluyendo actos de violencia y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad del Estado o de grupos armados civiles denominados “colectivos”.
• La discriminación que existe en torno al acceso de las prestaciones sociales y a la asistencia alimentaria, condicionado su acceso a la afiliación política a favor del gobierno de Nicolás Maduro.
• La existencia de actos de persecución y criminalización, incluso documentó procesos penales contra periodistas y científicos por investigar y publicar información sobre casos positivos de Covid incompatibles con los datos oficiales del gobierno.
• La insuficiente cantidad de dosis y materiales de vacunación disponible para hacer frente a la pandemia, así como el acceso de forma discriminatoria a las vacunas, siendo esta a través del Sistema Patria, y aunque se abrió una plataforma adicional de registro a través del Ministerio de Salud, aún queda muchas zonas marginadas que no cuentan con acceso a internet y teléfonos móviles para realizar el registro.
• El empeoramiento de la violencia de género, incluyendo la salud sexual y reproductiva.
• La situación del Arco Minero y los derrames ocurridos en el Parque Nacional Morrocoy.
• La criminalización contra las personas defensoras de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, incluyendo a dirigentes sindicales y estudiantiles.
• La discriminación de las y los representantes de la sociedad civil en la elaboración de políticas públicas.
• El aumento del número de venezolanas y venezolanos que cruzan a los países vecinos a través de rutas irregulares.
• La Alta Comisionada documentó 17 violaciones a derechos humanos relacionadas a defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, 4 amenazas e intimidación, y 12 casos de detención arbitraria. Además 8 casos de amenazas y detenciones de estudiantes por participar en movimientos estudiantiles, 7 dirigentes sindicales y 6 trabajadores(as) por defensa de derechos laborales.

Patrones de persecución y criminalización

Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) observamos con preocupación la crisis de derechos humanos que persiste en el país y que ha sido tajantemente reconocida por la Alta Comisionada en el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Particularmente destacamos el ejercicio de patrones que persiguen y criminalizan a los actores políticos, a los actores sociales y a la población venezolana en general, incluyendo a la población migrante, a través de actos que socaban gravemente sus derechos humanos y que incluyen patrones como las detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, uso excesivo de la violencia, censura, allanamiento de viviendas, confiscación de bienes, apertura de procedimientos judiciales, amenazas, hostigamiento, estigmatizaciones, acciones de discriminación y de control social, entre otros.

Durante el primer semestre del año 2021 desde Cepaz hemos registrado al menos 434 actos de persecución y criminalización ejercidos contra quienes son considerados enemigos o disidentes del gobierno de Nicolás Maduro. La alarmante cifra nos indica que estas acciones no son aisladas y que responden a un patrón represalias contra la población, que en el ejercicio legitimo de sus derechos económicos, sociales y culturales son víctimas, de la persecución, la criminalización y el control social que ejerce el gobierno de Nicolás Maduro.

Desde Cepaz, valoramos y reconocemos los esfuerzos de la Oficina de la Alta Comisionada al documentar y visibilizar la crisis en derechos que existe en el país, y sobre todo en las exigencias y recomendaciones presentadas, en las que destacamos la aplicación de medidas urgentes para garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales  y que se realicen investigaciones prontas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes de las denuncias de violaciones de los derechos humanos que ocurren en Venezuela.