Durante el mes de julio desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), pudimos documentar al menos 251 actos de persecución y criminalización. Estos casos registrados no representan la totalidad de las violaciones, sino que ejemplifican una tendencia alarmante. Como lo hemos señalado, la magnitud de la represión, la censura y el miedo generalizado en la población de denunciar los abusos, dificultó la documentación de la totalidad de los casos, enfocándonos principalmente en demostrar la existencia de una política de represión basada en la ejecución de determinados patrones de persecución y criminalización.
La represión en Venezuela aunque no es un fenómeno nuevo, en 2024 mostró un preocupante incremento. Desde principios del año, desde Cepaz hemos observado un aumento en las tácticas de persecución del gobierno con miras a asegurar una ventaja en las elecciones. Sin embargo, durante la campaña electoral, que tuvo lugar entre el 4 y el 25 de julio, este clima represivo se intensificó, registrándose 93 casos de persecución. Y, en los días inmediatos a las elecciones, la situación escaló a niveles alarmantes, afectando a la población con un incremento desmedido de actos de represión.
Por su parte, las manifestaciones y protestas que estallaron tras las elecciones se enfrentaron a una represión feroz, resultando en la pérdida de 21 vidas a manos de colectivos armados, fuerzas de seguridad del Estado y actores desconocidos. Estas pérdidas de vidas reflejan el alto precio de expresar descontento en un entorno donde el gobierno utiliza la fuerza para sofocar la voz de la oposición y cualquier disidencia.
Aún más, entre las prácticas represivas documentadas, las detenciones arbitrarias representaron el patrón más utilizado, con un mínimo de 148 casos registrados. Estas cifras reflejan solo una fracción de la realidad, dado a que, como hemos referido, el gran número de detenciones imposibilitó registrar todos los casos. Entre estas detenciones, se documentaron 39 desapariciones forzadas, un dato alarmante que expone la inhumanidad de las tácticas empleadas para silenciar a la ciudadanía y disuadir la participación en las protestas post-electorales.
Monitoreo de persecución julio 2024