El Observatorio Digital de Femicidios, fundado por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), plantea algunas precisiones e interrogantes ante las recientes declaraciones del Fiscal General de la República, de fecha 31 de julio de 2023, en las que el funcionario afirma que «desde el 2018 hasta la fecha se han registrado 628 casos de femicidio consumados y 636 en grado de frustración; para un total de 1.264. En ese lapso se han presentado 1.208 acusaciones y se han solicitado 340 órdenes de aprehensión»:

1. La comprensión del feminicidio o femicidio depende, en gran medida, “de la existencia de información mediante registros detallados y fiables que permitan identificar las características de la víctima, el victimario, la relación entre ellos, el entorno, las motivaciones y las pautas de comportamiento, entre otros aspectos”. Así lo ha planteado las Naciones Unidas, en la Recomendación general número 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general número 19 (CEDAW/C/GC/35; 2017).

2. En nuestro país desde el 2016 no existen datos oficiales consistentes, que permitan establecer tasas de femicidios, por cuanto no se llevan a cabo estadísticas género-sensitivas.

3. Evidentemente la falta de estadísticas género sensitivas en nuestro país dejó al descubierto la imposibilidad del Estado de liderar una actuación institucional y coordinada en materia de prevención de la violencia de género, a la llegada de la emergencia generada por el COVID-19.

4. La Convención de Belém do Pará, en su artículo 8, hace expresa referencia a la obligación de los Estados Parte de la Convención de realizar investigaciones y producción de información y estadísticas. La ejecución de esta obligación internacional es una herramienta fundamental para garantizar la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres y el monitoreo necesario para la determinación de hasta qué punto los Estados están bien encaminados en las políticas públicas que han desarrollado para erradicar esta violencia.

5. Las investigaciones, la recolección de datos y su análisis, son fundamentales para evaluar la situación de la violencia contra las mujeres y desde sus resultados realizar propuestas para las diferentes intervenciones del Estado.

6. Lamentablemente, la información aportada por el ciudadano Fiscal General de la República no es suficiente. Se limita a mencionar los casos registrados, las órdenes de aprehensión acordadas y las acusaciones presentadas en nombre del Estado desde el año 2019 hasta el 31 de julio de 2023. Desde esa mirada, los datos institucionales no revelan los niveles de violencia sino los niveles de recepción de casos y dos criterios de registro de actos procesales (presentación de acusaciones y solicitudes de aprehensión).

7. Y tampoco son suficientes para considerarlos indicadores sobre la respuesta del Estado ante la violencia contra la mujer. No deja saber, por ejemplo, si las 340 órdenes de aprehensión que refiere el Ministerio Público están vinculadas a alguna de estas mismas 1.264 causas abiertas en el periodo 2018 -2023, o por el contrario, se trata de causas iniciadas en años anteriores al 2018 que apenas ahora lograr dictar acto conclusivo.

8. Tampoco deja apreciar el grado de efectividad de la gestión del Ministerio Público sobre esas 1.208 acusaciones, ya que no tienen cifras de fondo para contrastarlo. La democracia tiene que desafiar el universalismo de que los datos así presentados pueden representar la verdad total en nuestro país.

9. Ciudadano Fiscal General, queremos saber la edad de las víctimas, los estados donde ocurren los hechos; vinculaciones o parentescos entre víctimas y victimarios; y si estos actuaron solos o en grupos; y si estos grupos estaban organizados o no; qué violencias sobre el cuerpo de las mujeres son detectadas, es decir, si fueron quemadas, cortadas, expuestas en plazas públicas o lanzadas en espacios retirados o en plena calle.

10. Queremos saber cuántos ofensores eran funcionarios y si accionaron sus armas de reglamento; cuántos se suicidaron luego de cometer el femicidio; si las víctimas estaban embarazadas, si pertenecían a un pueblo originario, si presentaban alguna discapacidad; si tenían hijos y si éstos presenciaron los hechos violentos contra sus madres.

11. Queremos saber cuántas víctimas eran niñas y cuántas mujeres de la tercera edad avanzada; cuántas eran mujeres trans; queremos saber la actual situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes huérfanos por femicidio.

12. En realidad, las organizaciones de la sociedad civil aspiran que desde el Estado se promueva la investigación seria, formal, exhaustiva; que se recojan datos y compilen estadísticas no solo sobre ingresos de documentos (que de por sí, no agota cumplir la obligación de ofrecer acceso a la justicia), sino sobre la violencia contra la mujer como fenómeno social; y fomenten las investigaciones sobre sus causas y consecuencias.

13. Anhelamos, además, la reunión sistemática de datos, desglosados por categorías y su publicación periódica con la debida explicación de la metodología aplicada.

14. Interesaría reunir sistemáticamente antecedentes biográficos elementales; la vinculación entre las víctimas y los autores de la violencia; los contextos en que tiene lugar la violencia contra la mujer; la denuncia y la búsqueda de ayuda, y los inconvenientes para ello; los modos de daño y sus derivaciones.

15. Una verdadera producción de datos científicamente levantados permitiría examinar las relaciones de poder y considerar el contexto y reflexionar además sobre las prácticas del Estado en el manejo de datos.

16. El pensamiento feminista puede orientar las categorías de análisis incluidas en las investigaciones para creer en prácticas de recogidas de datos más éticas y equitativas.

17. La participación de todas las mujeres en esta temática equivaldría al acceso tecnológico, mediado por los valores democráticos. Solamente desde allí, los datos permitirían una poderosa reconstrucción de la realidad, es decir, estaríamos todos impulsando un proceso por el cual se construye conocimiento para el cambio transformador, a partir del debate ético-político más profundo.

18. El Estado venezolano dispone de todos los escenarios para comenzar a proceder a la recolección de datos como punto de partida hacia el desarrollo de procesos de vigilancia y comunicación de información. Seguimos atentos a ello.

19. Mientras tanto ocurre, Cepaz, desde el Observatorio Digital de Femicidios, se propone contribuir con un ejercicio de acercamiento de registro de femicidios en nuestro país, que vaya un poco más allá de determinar una expresión cuantitativa de la comisión de este delito, pues deseamos activar el debate académico acerca de los fenómenos asociados al femicidio; una mirada interdisciplinaria para analizar estas muertes como una “forma particular de violencia”, desde la expresión más brutal y definitiva de violencia hacia las mujeres.