Resumen de la investigación original
Elaborado por Luisa Kislinger, internacionalista (UCV, 1993). Magister en Comunicación Social (UCV, 2015). Activista de derechos humanos y derechos de las mujeres.
Introducción
Desde el año 2015, Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria compleja caracterizada por el debilitamiento de las instituciones y la incapacidad de respuesta del Estado. Ello se ha traducido en una “(…) desestructuración en los planos institucionales, jurídicos, políticos, sociales y económicos (…)” (CODEVIDA y otros, 2018), cuyos efectos han sido devastadores en la vida y el bienestar de toda la población.
El disfrute del derecho a la salud ha sido una de las áreas más afectadas por la emergencia humanitaria compleja. El sistema de salud pública presenta una situación generalizada de precariedad y deterioro que impide la prestación de servicios de todo tipo, desde los más básicos hasta la atención a casos complejos.
Se calcula que entre los años 2012 y 2017 se perdió el 60% de la asistencia médica que estaba disponible para el 2011 donde 18.7 millones de personas con las condiciones de salud de mayor prevalencia, incidencia y mortalidad en Venezuela no tienen garantía de acceso a diagnósticos ni a tratamientos. (CODEVIDA y otros, 2018)
En este sentido, señalamos que en Venezuela la emergencia humanitaria ha tenido un impacto diferenciado y a menudo devastador sobre la vida de las mujeres, tanto en su disfrute del derecho a la salud como en el disfrute de otros derechos, económicos y sociales, colocándoles en una situación de extrema vulnerabilidad.
Es un hecho reconocido que mujeres, niñas y adolescentes requieren de atención diferenciada a sus necesidades y riesgos de salud. A causa de su género han sido, y continúan siendo a menudo, discriminadas en el acceso a servicios y en el disfrute del más alto nivel de salud posible. Lo cual se puede constatar en lo manifestado por el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la Discriminación contra la Mujer en la legislación y en la práctica:
“Denegar a las mujeres el acceso a servicios que solo ellas necesitan y desatender sus necesidades específicas en materia de seguridad [social] y salud, incluida la salud sexual y reproductiva, son intrínsecamente discriminatorios e impiden a las mujeres ejercer control sobre su propio cuerpo y su propia vida. La discriminación por razón de género en la administración de servicios médicos también vulnera los derechos humanos de la mujer y atenta contra su dignidad” (Equivalencias en Acción, 2017).
La garantía y el disfrute del estándar más alto posible de salud de mujeres, niñas y adolescentes, incluyendo su salud sexual y reproductiva, es un asunto de derechos humanos consagrado en distintos instrumentos internacionales como la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Programa de la Conferencia Mundial de El Cairo, la Plataforma de Acción de Beijing, y numerosas resoluciones adoptadas por órganos de las Naciones Unidas como el Consejo de Derechos Humanos (CDH) y la Comisión sobre la Condición Jurídica de la Mujer (CSW), entre otros.
En razón de ello, los Estados están obligados a garantizar el derecho a la salud y todos los derechos conexos a mujeres, adolescentes y niñas, incluyendo aquellas afectadas con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Las personas con VIH o SIDA se han visto seriamente afectadas por la crisis de salud, habiéndose registrado un retroceso devastador en el acceso a tratamientos, servicios, diagnósticos y atención. Las mujeres con VIH no tienen acceso a terapias antirretrovirales, pruebas diagnósticas ni a fórmulas lácteas para prevenir la transmisión vertical de madre a hijo/a tras el nacimiento, y deben enfrentar el estigma y la discriminación en establecimientos de salud.
Justificación y metodología
En Venezuela el acceso a la información pública está severamente restringido como parte de una política de Estado de no informar estadísticas vitales o divulgarlas con importante rezago, particularmente aquellas en el ámbito de la salud.
Los pocos datos disponibles son insuficientes para comprender las condiciones de vida actuales de las mujeres con VIH en el contexto de la emergencia humanitaria compleja. Algo necesario para la estructuración de intervenciones que den respuesta a las necesidades diferenciadas de esta población. Sin embargo para la presente investigación se realizó una revisión documental, incluyendo información publicada por medios de comunicación y de entrevistas semiestructuradas a activistas y mujeres viviendo con VIH/SIDA.
Contexto
El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es una enfermedad que involucra un cuadro de infecciones devastadoras causadas por el virus de inmunodeficiencia humano (VIH), el cual ataca y destruye ciertos glóbulos blancos esenciales para el sistema inmune de los seres humanos (ONUSIDA, 2003).
Según datos ofrecidos por ONUSIDA las jóvenes y las adolescentes entre 15 y 24 años están particularmente afectadas. Globalmente se estima que 2.4 millones vive con VIH, lo cual constituye el 61% de todas las personas jóvenes viviendo con el virus. Mientras que de un estimado de 1.7 millones de nuevas infecciones entre adultos de 15 años en adelante, el 48% eran mujeres (ONUMUJERES, 2018).
Factores biológicos
Las diferencias anatómicas e histológicas de la mujer la hacen más susceptible a la infección. En las relaciones sexuales heterosexuales, la mujer es de 2 a 4 veces más vulnerable que el hombre al VIH, debido a que la zona de exposición al virus durante el acto sexual es de mayor superficie en ella. (García-Sánchez, 2004).
En el caso de las niñas y las adolescentes, los riesgos son aún mayores ya que el cuello uterino está aun fisiológicamente inmaduro y con escasas secreciones vaginales, lo cual impide que la mucosa funcione como barrera al paso del virus. Por su parte, en las mujeres mayores la mucosa vaginal tiende a ser más frágil, lo que puede generar micro traumatismos durante la relación sexual, facilitando la entrada del VIH al organismo (2004).
Factores sociales
Cada vez menos se censura la sexualidad femenina más allá de la función reproductiva gracias al replanteamiento y la construcción de nuevas relaciones de género y la disponibilidad de métodos anticonceptivos. No obstante, todavía persisten prejuicios, estereotipos y expectativas sociales que imponen a las mujeres pautas de comportamiento que les impiden protegerse debidamente del VIH.
Por otra parte, al tener las mujeres menor acceso a la educación y al trabajo asalariado, se vuelven más dependientes de los hombres y cuentan con escasas posibilidades de acceder a información y a servicios adecuados de salud que le permitan protegerse. Pero también la vulnerabilidad de las mujeres por cuestiones de género se refuerza cuando a ella se suman otras desigualdades como la pobreza o la discriminación por razones étnicas o por orientación sexual. (Campero y Herrera, 2002)
En el caso de las mujeres migrantes se pueden observar estas “vulnerabilidades acumuladas”, sumada al riesgo de violencia y abuso sexual que las hace más susceptibles aún a ser infectadas por el VIH. La mujer migrante al perder sus derechos de ciudadanía, sus redes de apoyo y sus recursos, recurren al sexo como estrategia de supervivencia o toleran maltratos que en una situación de menor vulnerabilidad, no tolerarían (2002, p. 557). Esto es importante tenerlo en cuenta en relación a la migración de venezolanas y venezolanos que se ha venido agudizando a lo largo del año 2018.
Estigma y discriminación
Las personas con VIH se han enfrentado históricamente al estigma y a la discriminación asociada al virus en su cotidianidad. Desde que se detectó la enfermedad, las personas con VIH, o que se presume que lo son, han sido objeto de reacciones negativas, que comprenden maltrato físico y verbal, pérdida del hogar, empleo, rechazo de familiares, cónyuges y amigos y la violación de sus más básicos derechos humanos y libertades fundamentales (OMS, 2013).
Las mujeres con VIH experimentan doble discriminación: por su género y por vivir con el virus. Así como ser objeto de discriminaciones múltiples tomando en cuenta su raza, origen étnico, edad, condición socio-económica entre otras variables.
Las trabajadoras sexuales se enfrentan a un estigma mayor sí contraen el VIH. A menudo ese estigma se extiende a mujeres que contraen el virus a través de relaciones sexuales con sus esposos o parejas estables, toda vez que en tanto el VIH/SIDA guarda una correlación alta con la promiscuidad, se presume que las mujeres que viven con el virus son promiscuas, independientemente de su historial sexual (OMS, 2013).
Por lo que a menudo estos actos discriminatorios se convierten en obstáculos al ejercicio pleno de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de las personas que viven con VIH/SIDA. Pero también pueden constituir en sí mismos una violación de los derechos y libertades de quienes viven con el virus.
Mujeres y VIH en Venezuela
En Venezuela, la epidemia del VIH/SIDA afecta mayoritariamente a los hombres. De los 18.714 casos de VIH/SIDA registrados entre 2014 y 20164, el 67% correspondió a hombres y el 32% a mujeres (ONUSIDA, PAHO, Ministerio del Poder Popular para la Salud, 2018). No obstante, se evidencia un crecimiento del VIH entre mujeres. Al observar el comportamiento de la epidemia en un período de 9 años, las mujeres pasaron de constituir el 20% de la población viviendo con VIH en 2007, a representar el 38% para el año 2015.
Es importante alertar, sin embargo, que estas cifras particularmente a partir del año 2013 cuando se registran un cambio drástico en su comportamiento, contienen un subregistro significativo asociado a la escasez de pruebas diagnósticas y las debilidades del sistema de salud que impiden el acceso a servicios.
Con ello se estima que la epidemia en Venezuela es concentrada, lo cual se traduce en que la misma se mantiene contenida en grupos considerados epidemiológicamente más expuestos, a saber hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y trabajadoras/es sexuales. Se calcula que en esos grupos la prevalencia es superior al 5%, mientras que en la población general es de 0,56%.
En relación a la estigma y discriminación, no se puede afirmar que en Venezuela existe un clima generalizado en contra de las personas con VIH, particularmente las mujeres, es preciso señalar que aún persisten actitudes que pueden resultar dañinas y discriminatorias.
Según datos recabados por las organizaciones AVESA, ACCSI y Aliadas en un poco menos del 40% de las personas consultadas en un sondeo de opinión manifestó creer que las personas con VIH/SIDA pueden ser una amenaza para su entorno. En Maracaibo, Mérida y Barquisimeto esa proporción supera el 40%. No obstante, más del 80% de quienes respondieron la encuesta consideran que las personas con VIH/SIDA deberían ser aceptadas completamente en la sociedad, lo cual resulta un dato importante en los esfuerzos por erradicar el estigma y la discriminación asociados al VIH/SIDA, incluyendo en los centros de salud. Cadena (2015, p. 35),
Conclusiones
Ciertamente, la situación que enfrentan las mujeres con VIH con respecto al disfrute de su derecho a la salud en el contexto de la emergencia humanitaria compleja es grave. La ausencia de insumos y medicamentos para monitorear y manejar, aunada a las deficiencias alimentarias y los múltiples retos que la cotidianidad actual en Venezuela presenta a las personas con VIH, afectan su bienestar y ponen en riesgo sus vidas.
Sin menospreciar la seriedad del virus, es inevitable observar que mientras en otros países el VIH ha pasado a ser una condición crónica de salud, en Venezuela ocurre lo contrario. En el caso de las mujeres con VIH, la carga es doble: llevar el peso de su propia condición de salud con todo lo que ello implica, y continuar ejerciendo el rol de cuidadoras que socialmente se espera de ellas. Así, deben cuidar de sí mismas y de los demás, en condiciones extremas como las que presenta la emergencia humanitaria.
Aunado a ello se hace necesario recordar que sobre el Estado recae la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud, y muy particularmente los derechos sexuales y reproductivos, de las mujeres con VIH, así como el derecho a la no discriminación, y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, entre otros, conforme a lo previsto en el marco normativo nacional e internacional del cual Venezuela es parte.
La respuesta gubernamental a esta situación ha sido tardía e insuficiente. Sin embargo, la formulación del Plan Maestro, la participación de activistas y organizaciones dedicadas al VIH/SIDA en su ejecución y seguimiento ofrece expectativas renovadas sobre el mejoramiento de las condiciones de las personas con VIH, incluidas las mujeres
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