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En aras de la celebración de la Conferencia Internacional de Solidaridad con los Refugiados y Migrantes venezolanos y sus países y comunidades de acogida, la cual se llevará a cabo el 16 y 17 de marzo, las organizaciones firmantes pretenden reflejar, a través del presente comunicado, la necesidad de dar una mirada ampliada a la respuesta ante las necesidades que sufren la población migrante y refugiada venezolana en los países de acogida. En este sentido, hacemos un llamado a los participantes de la Conferencia, a pensar en una respuesta que contemple los siguientes principios:

1. La respuesta de atención a la crisis de movilidad humana venezolana debe tener perspectiva de derechos y que estén en el centro de la acción. La acción y asistencia humanitarias deben partir de un enfoque en derechos humanos. La asistencia humanitaria debe ser más que una respuesta de financiamiento a los efectos de la crisis de movilidad y el impacto significativo en los países de acogida. Debe tomar en cuenta el contexto que originó la crisis y la importancia de garantizar la dignidad y los derechos humanos de las personas afectadas, con el fin último de construir una respuesta sostenible y duradera y que garantice el ejercicio de derechos.

De acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, el número de personas venezolanas refugiadas y migrantes en el mundo alcanzó en febrero la cifra de 7.177.885 personas. Esta crisis de movilidad masiva, sin comparación en la historia reciente de nuestro hemisferio, responde al impacto que ocasiona en la población la emergencia humanitaria compleja que sigue atravesando Venezuela, impactando directamente en el libre ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la población.

Así pues, partiendo de que el origen de la crisis de movilidad venezolana es la EHC, sería un despropósito concentrar las acciones para afrontarla solamente a la asistencia humanitaria a las personas migrantes y refugiadas, desconectándose de la realidad del país de origen. La persistencia de la crisis de movilidad es evidencia de que el enfoque meramente humanitario no ha sido suficiente, así como tampoco las medidas que han tomado los Estados para afrontarlo. Esta situación nos invita nuevamente a reflexionar sobre la necesidad de que las acciones a emprender involucren otros aspectos esenciales, que permitan dar una respuesta urgente, coordinada e integral a esta crisis.

También es necesario resaltar, que la crisis de refugiados y migrantes venezolanos no solo es una de las menos financiadas por la comunidad internacional, sino que, además, las políticas implementadas por los Estados receptores para enfrentarla se han visto empañadas por prácticas inadecuadas que violan los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Sólo una respuesta que considere tanto las causas como los efectos, que esté adecuadamente financiada y que tenga en el centro a los derechos humanos, contribuirá de manera efectiva y duradera a transformar la realidad de las personas afectadas por la EHC, incluidas las personas en movilidad.

2. Es necesario erradicar prácticas inadecuadas y sustituirlas por prácticas solidarias enmarcadas en el derecho de las personas refugiadas. Recientemente, frente las medidas de expulsión y retorno ilegal de las personas migrantes y refugiadas en virtud de las políticas como el “Título 42”, 94 organizaciones de sociedad civil de las Américas hicieron un llamado a los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá, instándoles a promover una gestión humana de la migración, garantizando derechos como el asilo, el principio de no devolución y creando vías migratorias complementarias más seguras y humanas. Reiteramos el llamado y la necesidad de estas buenas prácticas, de expresiones concretas de solidaridad, de asistencia, protección y promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas migrantes y refugiadas.

3. Se deben garantizar los derechos a la identidad y a la participación de las personas venezolanas en movilidad. En la medida que el fenómeno migratorio venezolano evoluciona, se presentan nuevos retos en cuanto a la garantía del derecho de la identidad, específicamente en su esfera relacionada con el derecho a acceder a documentos de identificación. En el caso de las personas en movilidad, es particularmente importante la garantía del derecho a la identidad, en virtud de la condición de vulnerabilidad estructural que enfrentan las personas migrantes y refugiadas en los países de tránsito y acogida, siendo la documentación sobre su identidad un elemento fundamental para mitigar riesgos y acceder a derechos en contextos donde su seguridad, integridad y libre desenvolvimiento dependen estrechamente de que este derecho este garantizado.

Así mismo, la posibilidad de acceder a mecanismos de regularización migratoria está relacionada a la posesión de documentos de identidad. Esto a su vez está vinculado a la posibilidad de acceder a muchos otros derechos, como lo son el empleo formal, la salud, la educación y, dada la normativa electoral vigente en Venezuela, también es condición para ejercer el derecho al voto desde el extranjero. Es fundamental que la comunidad democrática internacional puede de forma coordinada promover, incentivar y proteger el derecho a la identidad y de participación política de la población migrante y refugiada venezolana.

Hemos constatado que existe un compromiso con la vía democrática entre los venezolanos y venezolanas migrantes y refugiados. Sin embargo, el Estado venezolano no garantiza los derechos a los ciudadanos que se encuentran en el exterior. Del total de venezolanos y venezolanas que se encuentran en el exterior solo 107.927 están inscritos en el registro electoral y por tanto podrían ejercer el derecho al voto en los países de acogida, entre tanto, el Estado mantiene el registro electoral cerrado para la inscripción o actualización de datos de los ciudadanos venezolanos en el exterior. Además, no existen canales de comunicación claros con los consulados, lo que dificulta la obtención de información y la realización de trámites, los cuales además son muy costosos. Todo este contexto imposibilita el pleno ejercicio de los derechos de la población migrante y refugiada venezolana.

En este sentido, insistimos en la necesidad por parte del Estado venezolano y de los países de acogida de establecer y facilitar mecanismos que permitan a los ciudadanos venezolanos en el exterior, contar con documentos de identidad, tener vías legales para la regularización migratoria, y ejercer su derecho a la participación política de forma segura, transparente y efectiva.

4. Los procesos organizativos de los venezolanos en el exterior deben ser tomados en cuenta en la elaboración de cualquier respuesta a la crisis de movilidad. Por último, es fundamental resaltar que la población migrante y refugiada que está organizada y activa, dando respuesta a las necesidades de sus connacionales vulnerables en múltiples ciudades alrededor del mundo. Los esfuerzos de miles de organizaciones de venezolanos han sido invisibilizados en los espacios más influyentes donde se gestan las respuestas a gran escala a esta crisis. Invitamos a que estas voces, líderes en sus comunidades y con gran experticia para compartir, sean escuchadas y reivindicadas en los planes de respuesta que pretendan ofrecer soluciones de atención, con perspectiva de derechos, y en las que la población atendida sea protagonista del proceso.

Firman, Asociación Civil Openmujer Asociación Civil por la Vida (ASOVIDA) Asociación Civil Saber es Poder-AsoSaber Asociación Civil Venezolanos en España Asociación de venezolanos en Sincelejo Asociación Venezolana de Mujeres Asovenquin Bandera Roja Caleidoscopio Humano Coalición por Venezuela CAMPO Casa venezolana Bélgica Cátedra de la Paz/ Universidad de Los Andes CECAVID Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef) Centro de Atención Integral Psicopedagógica Individual Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana CIIDER Civilis Derechos Humanos Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Táchira Comisión ULA Mujer Comité de Derechos Humanos de La Guajira Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional EPIKEIA Derechos Humanos Fundación Aguaclara Fundación Alianzas Solidarias Fundación de lucha contra el cáncer de mama, FUNCAMAMA Fundación Haciendo Panas Fundación Manitas Amarillas Fundación Nakama’s Fundación para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres Fundación Venezolanos en el Exterior FundaRedes Fundashon Venex Curacao Globalizateradio Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello Instituto Interamericano de Inteligencia Emocional Laboratorio de Paz Liga Merideña contra el SIDA Médicos Unidos Venezuela Movimiento Ciudadano Venezolanos En El Mundo Movimiento ciudadano venezolanos en el Mundo (MCVM) Movimiento Creando Ciudadanos (MOCRECI) Observatorio de Derechos Humanos Universidad de Los Andes Observatorio Global de Comunicación y Democracia OGCD Observatorio Venezolano de DDHH de las Mujeres Observatorio Venezolano de Prisiones Odevida, Capítulo Venezuela Ong Hombres por la equidad e igualdad Organización de colaboradores para la asistencia social del migrante venezolano (OCASIVEN) PACUHR Prepara Familia PROMEDEHUM Red Comunitaria de Derechos y Ciudadanía Red Juvenil Cultura de Paz y VIH Red Nuevos Activistas por la Paz (RENUPAZ) Redac Internacional Redac UIDH Un Mundo Sin Mordaza Unidos Sin Fronteras Unión Afirmativa VENAMERICA Venezolanos del Área de la Bahía de San Francisco Venezolanos en Barranquilla Voto Joven Women Riots Women’s Link Worldwide Personas: Alberto Isaac Pérez Levy Alberto Sotillo Alejandro Alvarez Alinis Aranguren Ana Madero Andrés Hoyos Bella Cira Zuñiga BLANCA MEDINA Carlos Guerra García Carmen González Coronel Carmen Ramos Christi Rangel Guerrero Cristina Ciordia Deborah Van Berkel Deisis Andrade Deixon Alberto Romero Dich Souki Carrión Diego Ponce de León Elvia Elena Villafranca Fernando Aranguren Fernando Jiménez Francisco José Ortiz Finol Fray David Peralta Gabriela Buada Blondell Gina Caldera Hisvet Fernández Iraida Salazar Isabel Araujo Jhonny Castro José Antonio Oropeza José Roberto García Prieto Lemus Juan Carlos Lugo Ramírez Juan Pio Hernández Lady Junek Vargas león Liliana Ponce Luis Augusto Colmenares Luisa Rodríguez María Gabriela Cuevas García María Sarmiento Maryuris Aguilar Mayra Madriz Norbelis vasquez Ofelia Álvarez Otibel Valero Pedro Hernández Pilin León Rafael Valdes Daussa Raíza Ortiz Raiza Ramírez Pino Rhainer José Lunar Rodríguez Ricardo Pinza Rigoberto Lobo Puentes Roxana Vivas Sara Yolanda Romero Jara Tamara Adrián Tibisay Elena Betancourt Parra Victoria Capriles Vilma Pérez

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On the occasion of the International Conference of Solidarity with Venezuelan Refugees and Migrants and their host countries and communities, which took place on March 16 and 17, the signatories wished to convey the need to take a broader look at the response to the Venezuelan migrant and refugee population in host countries. In this sense, we called on the participants of the Conference to consider a response that includes the following principles:

1. The response to the Venezuelan human mobility crisis must include a rights-based approach, with human rights at the center. Humanitarian action and assistance must incorporate a human rights-based approach. Humanitarian assistance must be more than a funding response to the effects of the mobility crisis and the significant impact on host countries. It must take into account the context that gave rise to the crisis and the importance of guaranteeing the dignity and human rights of the people affected, with the ultimate goal of building a sustainable and lasting response that guarantees the exercise of rights.

According to the Interagency Coordination Platform for Refugees and Migrants from Venezuela, the number of Venezuelan refugees and migrants in the world reached 7,177,885 people in February. This massive migration, unmatched in the recent history of our hemisphere, responds to the impact of the Complex Humanitarian Emergency in Venezuela, which directly affects the free exercise of the human rights and fundamental freedoms of the population.

Based on the fact that the origin of the Venezuelan mobility crisis is the Complex Humanitarian Emergency, it would be unwise to concentrate the actions to address it solely on humanitarian assistance to migrants and refugees in disconnection from the reality of their country of origin. The persistence of the mobility crisis shows that a purely humanitarian approach or the measures taken by the States have not been enough. This situation invites us once again to reflect on the need to incorporate into the course of action other essential aspects, which allow an urgent, coordinated and comprehensive response to the crisis.

It is also worth highlighting that the Venezuelan refugee and migrant crisis is one of the most seriously underfunded by the international community and that the policies implemented by host States to address it have been clouded by inadequate practices that violate the human rights of migrants and refugees. Only a response that considers both causes and effects, with adequate funding and incorporating a rights-based perspective, will effectively and lastingly contribute to transforming the reality of people affected by the Complex Humanitarian Emergency, including people on the move.

2. Inadequate practices need to be eradicated and replaced by solidarity practices framed by refugee law. In the wake of measures of expulsion and illegal return of migrants and refugees under policies such as Title 42, 94 civil society organizations from the Americas recently called on the governments of the United States, Mexico and Canada to promote a humane handling of migration, guaranteeing the right of asylum and the principle of non-refoulement and creating safer and more humane complementary migratory pathways. We reiterate the call and the need for good practices and concrete expressions of solidarity, assistance, protection and promotion of the human rights and fundamental freedoms of migrants and refugees.

3. The rights to identity and participation of Venezuelans in mobility must be guaranteed. As the Venezuelan migration phenomenon evolves, new challenges arise in terms of guaranteeing their right to identity, specifically regarding their right to access identification documents. In the case of people on the move, it is particularly important to guarantee their right to identity due to the condition of structural vulnerability faced by migrants and refugees in transit and host countries as identity documents are essential to mitigate risks and gain access to rights in contexts where their security, integrity and free development depend closely on the guarantee of this right.

Likewise, the possibility of having access to mechanisms for the regularization of a migration status is closely related to the possession of identity documents. This is also linked to the possibility of having access to many other rights such as formal employment, healthcare, and education. Given the electoral regulations in Venezuela, it is also a condition for exercising the right to vote from abroad. It is essential that the international democratic community can coordinate efforts to promote, encourage and protect the right to identity and political participation of the Venezuelan migrant and refugee population.

We have verified that there is a commitment to the democratic path among Venezuelan migrants and refugees. However, the Venezuelan State does not guarantee the rights of its citizens abroad. Only 107,927 Venezuelans abroad are enrolled in the electoral registry and therefore enabled to exercise their right to vote in their host countries, at times when the State keeps the electoral registry closed for new registration or changes to the electoral data of Venezuelan citizens abroad. The lack of clear communication channels with the consulates further complicates access to information and administrative procedures, which are also very expensive. All this context makes it impossible for the Venezuelan migrant and refugee population to fully exercise their rights.

In this sense, we insist on the need for the Venezuelan State and host countries to establish and facilitate mechanisms that allow Venezuelan citizens abroad to have access to identity documents, legal channels for the regularization of their migration status, and the exercise of their right to political participation in a safe, transparent and effective manner.

4. Organizations of Venezuelans abroad must be taken into account in the elaboration of any response to the mobility crisis. Finally, it is essential to highlight that the migrant and refugee population is organized and active to respond to the needs of its vulnerable fellow countrymen in many cities around the world. The efforts of thousands of Venezuelan organizations have been made invisible in the most influential spaces where large-scale responses to this crisis are taking shape. We call for the incorporation and recognition of these voices of abundant leadership and experience in the response plans that seek to offer solutions under a human rights perspective that holds the population served at the core.

Signatories: Asociación Civil Openmujer Asociación Civil por la Vida (ASOVIDA) Asociación Civil Saber es Poder-AsoSaber Asociación Civil Venezolanos en España Asociación de venezolanos en Sincelejo Asociación Venezolana de Mujeres Asovenquin Bandera Roja Caleidoscopio Humano Coalición por Venezuela CAMPO Casa venezolana Bélgica Cátedra de la Paz/ Universidad de Los Andes CECAVID Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef) Centro de Atención Integral Psicopedagógica Individual Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana CIIDER Civilis Derechos Humanos Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Táchira Comisión ULA Mujer Comité de Derechos Humanos de La Guajira Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional EPIKEIA Derechos Humanos Fundación Aguaclara Fundación Alianzas Solidarias Fundación de lucha contra el cáncer de mama, FUNCAMAMA Fundación Haciendo Panas Fundación Manitas Amarillas Fundación Nakama’s Fundación para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres Fundación Venezolanos en el Exterior FundaRedes Fundashon Venex Curacao Globalizateradio Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello Instituto Interamericano de Inteligencia Emocional Laboratorio de Paz Liga Merideña contra el SIDA Médicos Unidos Venezuela Movimiento Ciudadano Venezolanos En El Mundo Movimiento ciudadano venezolanos en el Mundo (MCVM) Movimiento Creando Ciudadanos (MOCRECI) Observatorio de Derechos Humanos Universidad de Los Andes Observatorio Global de Comunicación y Democracia OGCD Observatorio Venezolano de DDHH de las Mujeres Observatorio Venezolano de Prisiones Odevida, Capítulo Venezuela Ong Hombres por la equidad e igualdad Organización de colaboradores para la asistencia social del migrante venezolano (OCASIVEN) PACUHR Prepara Familia PROMEDEHUM Red Comunitaria de Derechos y Ciudadanía Red Juvenil Cultura de Paz y VIH Red Nuevos Activistas por la Paz (RENUPAZ) Redac Internacional Redac UIDH Un Mundo Sin Mordaza Unidos Sin Fronteras Unión Afirmativa VENAMERICA Venezolanos del Área de la Bahía de San Francisco Venezolanos en Barranquilla Voto Joven Women Riots Women’s Link Worldwide Individuals: Alberto Isaac Pérez Levy Alberto Sotillo Alejandro Alvarez Alinis Aranguren Ana Madero Andrés Hoyos Bella Cira Zuñiga BLANCA MEDINA Carlos Guerra García Carmen González Coronel Carmen Ramos Christi Rangel Guerrero Cristina Ciordia Deborah Van Berkel Deisis Andrade Deixon Alberto Romero Dich Souki Carrión Diego Ponce de León Elvia Elena Villafranca Fernando Aranguren Fernando Jiménez Francisco José Ortiz Finol Fray David Peralta Gabriela Buada Blondell Gina Caldera Hisvet Fernández Iraida Salazar Isabel Araujo Jhonny Castro José Antonio Oropeza José Roberto García Prieto Lemus Juan Carlos Lugo Ramírez Juan Pio Hernández Lady Junek Vargas león Liliana Ponce Luis Augusto Colmenares Luisa Rodríguez María Gabriela Cuevas García María Sarmiento Maryuris Aguilar Mayra Madriz Norbelis vasquez Ofelia Álvarez Otibel Valero Pedro Hernández Pilin León Rafael Valdes Daussa Raíza Ortiz Raiza Ramírez Pino Rhainer José Lunar Rodríguez Ricardo Pinza Rigoberto Lobo Puentes Roxana Vivas Sara Yolanda Romero Jara Tamara Adrián Tibisay Elena Betancourt Parra Victoria Capriles Vilma Pérez