Desde La Red Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil “Sinergia” exigimos la liberación de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, abogada, Directora de la Asociación Civil Control Ciudadano y especialista en temas militares.

Rocío San Miguel ha hecho reiterada y públicamente aportes para la garantía institucional de los derechos humanos en Venezuela, lo que le ha valido un amplio reconocimiento y respeto, nacional e internacionalmente, pero también por ello ha sido víctima de acoso, hostigamiento y estigmatización por parte de funcionarios del Estado. Por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó el 18 de enero del 2012 una Medida Cautelar (número 349-11) en la que solicitan al Estado venezolano adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Rocío y de su hija.

Además, en el caso San Miguel y otros vs. Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reconoció la vulneración de sus derechos políticos, la discriminación sufrida por opinión política y la restricción a su libertad de expresión a consecuencia de haber firmado la convocatoria al referendo revocatorio del entonces presidente Hugo Rafael Chávez Frías. El 1 de febrero de 2024, la Corte IDH recordó al Estado venezolano que el 31 de mayo de 2019 había vencido el plazo para presentar el informe sobre el cumplimiento de la Sentencia en el caso Rocío San Miguel Sosa y otros Vs. Venezuela.

De acuerdo con información de sus familiares, la organización Control Ciudadano y sus abogados, el viernes 9 de febrero del 2024 Rocío San Miguel fue detenida por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando se disponía a abordar un vuelo internacional con su hija.

A las 5:18pm del 11 de febrero de 2024, en la red social “X” y a través del Fiscal General Tarek William Saab, el Ministerio Público informó que la defensora había sido detenida por presuntamente estar vinculada en la trama conspirativa identificada como “Brazalete Blanco”, sin mencionar el lugar en el que estaría detenida aún después de 48 horas.

Desde Sinergia advertimos que:

1. La detención de Rocío San Miguel es parte de un patrón de persecución contra las personas defensoras de derechos humanos, contrario a las obligaciones del Estado de promover, proteger y hacer efectivos todos los derechos humanos, incluyendo el derecho a defenderlos.
2. Cuando se viola el debido proceso se pone en riesgo la confianza en el sistema judicial y se debilita el estado de derecho: el desacato a las obligaciones de garantizar los derechos fundamentales es grave para el desarrollo de una sociedad justa y equitativa,
3. De acuerdo con el artículo 19 de nuestra Constitución: “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen”.

Por todo lo anterior solicitamos:

4. Al Estado venezolano, la liberación plena de Rocío San Miguel, sin dilación, y la garantía de su integridad personal y la de su familia; que respete los derechos constitucionales y los derechos humanos de la defensora Rocío San Miguel, incluyendo la presunción de inocencia, el debido proceso y la asistencia legal; y que cesen todas las amenazas, criminalización y estigmatización de la labor legítima de las personas defensoras de derechos humanos y de las organizaciones de sociedad civil,
5. A la CIDH y la Corte IDH, que soliciten al Estado venezolano de manera pronta, completa y expedita, información sobre el caso de Rocío San Miguel, y le exijan que cumpla con la resolución contentiva de la medida cautelar 349-11 a favor de Rocío San Miguel y su familia,
6. A los mecanismos de protección de derechos humanos, tanto regionales como universales, a manifestar públicamente su rechazo a la detención de Rocío San Miguel y a exigir su liberación.