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(Caracas, 31 de agosto de 2023). Las organizaciones que suscribimos el presente comunicado rechazamos el aumento y perfeccionamiento del sistema represivo del Estado venezolano en el actual contexto pre-electoral. El patrón de persecución se ha materializado a través del socavamiento del ejercicio de derechos fundamentales, como lo son la participación política, la libertad de expresión y el derecho de asociación, lo que mantiene las restricciones, ya de larga data, sobre el espacio cívico y democrático en el país.

Solo durante el mes de agosto de 2023, 6 sindicalistas fueron condenados a 16 años de prisión tras haber sido juzgados por un tribunal con competencia en materia de terrorismo por delitos de conspiración y asociación para delinquir. Asimismo, el 15 de agosto la Sra. Yosida Vanegas, madre del Sargento Juan Carlos Monasterios quien fue juzgado y condenado por intento de magnicidio, fue detenida sin orden judicial en una alcabala y desaparecida en el estado Táchira. Según la información difundida por sus familiares en el momento, la señora Monasterios habría sido detenida en la alcabala para ser trasladada a Caracas por una Comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Por otra parte, el día 21 de agosto fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana el enfermero y dirigente José Cádiz frente a su casa, y el día 23 del mismo mes, el ancla de Globovisión Seir Contreras fue despedido tras haberse expresado y cuestionado al diputado Ramón Magallanes durante una entrevista. Delsa Solorzano, María Corina Machado y otros candidatos han recibido amenazas a su integridad física en el contexto de los recorridos en diferentes estados del país a propósito de sus precandidaturas para los próximos procesos electorales.

El Estado venezolano continúa avanzando en represalias hacia sectores de la ciudadanía y la sociedad civil, a través de la agresión y la criminalización como forma de retaliación por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y a la participación en asuntos públicos. Vemos con preocupación el aumento de hechos de violencia e intimidación en la fase preelectoral que suponemos pretenden generar un efecto inhibitorio en procesos electorales venideros.

Lo anterior se suma a inhabilitaciones políticas sin sentencia definitiva, a los actos de intimidación y hostigamiento a sectores de la sociedad que procuran incentivar la participación política a través de elecciones primarias, junto con la intervención judicial de asociaciones civiles como la Cruz Roja Venezolana y partidos políticos como el Partido Comunista de Venezuela. Es esta una forma de disuadir y condicionar al electorado en Venezuela, lo que junto a los obstáculos institucionales y fácticos que se han impuesto desde el Estado, limitan un proceso electoral auténtico, ajustado a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, y restringen aún más el espacio cívico en el país.

La persecución del Estado venezolano a través de la criminalización de las voces disidentes debe cesar. Es obligación del Estado, dirigir sus acciones en garantizar la integridad de los procesos electorales futuros, prevenir hechos de violencia electoral, garantizar y respetar, sin discriminación, el ejercicio a los derechos a la libertad de expresión, la libertad de asociación y a la participación política de la ciudadanía, de actores de la sociedad y de partidos políticos.

Organizaciones que suscriben:

A.C. Mujeres de Frente

Acceso a la Justicia

AlertaVenezuela

Aquí Cabemos Todos

Asociación civil Los Naguaritos

Aula Abierta

Azul Positivo, A.C. Acción Zuliana por la Vida

Caleidoscopio Humano

CAMPO

Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado

Centro De Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)

Centro de Derechos Humanos de la UCAB

Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB

Centro de Ingenieros y Arquitectos del Estado Lara

Centro de Justicia y Paz (Cepaz)

Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)

Civilis Derechos Humanos

Clima21

COFAVIC

Colegio Bioanalistas del Estado Barinas

Colegio de Enfermería Acarigua Portuguesa

Colegio de Profesores de Venezuela Seccional Táchira

Comisión de la Universidad de Los Andes contra la violencia de género (ULA Mujer)

Comisión Nacional DDHH del Estado Monagas de la Federación de Colegios de

Abogados de Venezuela

Comité de DDHH para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad

Coordinación Ciudadana Local Terrazas Santo Domingo. Municipio Bolívar. Edo Barinas

Creemos Alianza Ciudadana Carabobo

Creemos Alianza Ciudadana Lara

Creemos Alianza Ciudadana Libertador – Caracas

Creemos Alianza Ciudadana Nacional

Creemos Alianza Ciudadana Región Barinas

Creemos Alianza Ciudadana Táchira

Creemos Alianza Ciudadana Zulia

Creemos Alianza Ciudadana, Coordinación Regional de Mérida

Defiende Venezuela

Epikeia Derechos Humanos

Espacio Público

Expresión Libre

FRENACOZUL

Fundación Aguaclara

Fundación Iribarren Lucha

Fundación Juan German Roscio, capítulo Trujillo

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

FundaRedes

Generación Independiente (GENTE)

Humano Derecho Radio Estación

INDESA

Médicos Unidos de Venezuela

Monitor Social AC

Movimiento DECODE

Movimiento Primero Justicia

Movimiento SOMOS

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes

Observatorio de Derechos Humanos del Centro de Animación Juvenil

Observatorio Venezolano de Prisiones

Odevida, Capítulo Venezuela

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

ONG Voz Ciudadana

Organización StopVIH

Padres Organizados de Venezuela

Paraíso Organizado

PROMEDEHUM

Provea

Proyecto Roscio

Radio Fe y Alegría

Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac)

Red de Mujeres Portuguesa

Revista Comunicación de la Fundación Centro Gumilla

Site Barinas Fetrasined

SOS Pacientes Renales

Una Ventana a la Libertad

Zona Táchira en Construcción