Tras un periodo de conflicto armado, o de masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, la justicia transicional allana el camino para la construcción de una paz sostenible. Esta no solamente implica el enjuiciamiento de los perpetradores, que se reconozca a las víctimas y su derecho a una reparación integral, sino que se produzca la reconciliación y que se haga una revisión y reforma de las estructuras institucionales que, por acción u omisión, propiciaron que se cometieran los abusos.
Este no es un proceso fácil, pues en muchas oportunidades inicia cuando aún la paz no está consolidada y los perpetradores siguen ejerciendo una cuota real de poder. Además, requiere un riguroso examen del pasado y de las lecciones aprendidas durante el proceso, pero a la vez tener la vista puesta en el futuro y las oportunidades reales que ofrece para la construcción de una verdadera paz, tanto en el corto, como en el mediano y largo plazo.
Juzgar a los perpetradores no solamente representa que comparezcan ante el sistema de justicia para rendir cuentas por los crímenes cometidos, sino que se configura como un esfuerzo para la prevención de futuras violaciones de derechos humanos, que ofrece a las víctimas el reconocimiento, la restauración de sus derechos y una eventual reparación de los daños. Más aún, es el punto de partida para las reformas de la institucionalidad a las que haya lugar, con la finalidad de generar la confianza necesaria para la reconciliación.
Este enjuiciamiento debe estar basado en un riguroso proceso de investigación, por lo que hay que tener en cuenta que no son procedimientos rápidos ni sencillos, sobre todo cuando se trata de violaciones generalizadas y sistemáticas, que involucran a muchas víctimas. Aunque su progreso sea lento o la cantidad de perpetradores llevados ante la justicia sea bajo, los enjuiciamientos representan un importante esfuerzo por dejar por sentado ante la sociedad que la impunidad ya no será la norma y que quebrantar las leyes y cometer violaciones a los derechos humanos será sancionado.
Adicionalmente, es necesario el establecimiento de mecanismos que permitan determinar la verdad de los hechos, lo que ayuda al proceso de construcción de la memoria colectiva para luchar contra la negación de lo ocurrido y para oponer resistencia al retorno de las prácticas violatorias de derechos. El testimonio de las víctimas es esencial en la determinación de la verdad. Darles voz a las víctimas es una manera de reconocer oficialmente lo ocurrido.
En los procesos de justicia transicional la reparación puede tener diversas vías, desde la atención psicológica, la ayuda directa a las víctimas y a sus familiares sobrevivientes, como por ejemplo compensaciones monetarias, pensiones o becas de estudio, hasta medidas simbólicas como los espacios de memoria, los museos, los monumentos y los días conmemorativos. La reparación es una obligación de los Estados. Uno de los mayores desafíos de las políticas de reparaciones es que sean justas, equitativas y sostenibles, a los fines de que no generen divisiones en las víctimas, pero que además sean factibles de cubrir, por lo que la provisión y fuente de los fondos para cubrir las reparaciones estipuladas es un tema crucial a determinar en los procesos de justicia transicional.
No menos importante para que la paz sea positiva y duradera, es lograr la transformación de las estructuras institucionales que por sus intencionadas actuaciones, o por una deliberada omisión, facilitaron la comisión de las violaciones de derechos humanos. En algunos casos, no se trata solamente de hacer las revisiones profundas y los cambios pertinentes, sino que habrá la necesidad de eliminar algunas instituciones y establecer otras. Así como de remover de cargos públicos a las personas, que previa investigación, se determine que son responsables y perpetradores de violaciones a los derechos humanos.
La reconciliación es uno de los puntos más controversiales en los procesos de justicia transicional. Sus detractores la vinculan con la impunidad y el olvido, o con una vía de escape para la evasión de las responsabilidades por parte de los perpetradores. En estos términos la reconciliación no es factible, ni deseable.
Cuando las violaciones a los derechos humanos han sido masivas y sistemáticas y el conflicto se ha generalizado, se dificulta el restablecer la confianza en las relaciones y el resentimiento prevalece. Como en todo proceso de transformación del conflicto se pueden entonces producir retrocesos e incluso reproducirse situaciones violentas ya superadas, pues las divisiones no se suprimen de un día para otro. Hace falta acciones que minimicen los riesgos y consoliden los acuerdos para la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad.
Tener la mirada puesta en el pasado para no repetir lo ocurrido y a su vez en las posibilidades del futuro, permitirá avanzar en el proceso de justicia transicional para la construcción de paz. Esta paz no está exenta de tensiones pues hay un delicado equilibro que mantener entre el reconocimiento y reparación de las víctimas, un enjuiciamiento a los perpetradores que no esté signado por la venganza o el revanchismo, sino por el verdadero deseo de que haya justicia, y la necesidad de reconciliar a los diversos sectores para poder avanzar en el camino de la construcción de una paz sostenible, la recuperación democrática y la resolución de las causas que dieron origen al conflicto.
