El pasado 20 de junio se realizó la mesa de discusión: Elecciones, transiciones de poder y el riesgo de crímenes atroces, organizada por el Centro Global para la Responsabilidad de Proteger, y que contó con la participación de la directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Beatriz Borges.

En su intervención, Borges destacó que, en contextos autoritarios como el de Venezuela donde desde hace muchos años se vienen produciendo graves violaciones a los derechos humanos, la observación internacional juega un papel vital durante los procesos electorales.

A juicio de la directora ejecutiva de Cepaz, es un error separar las cuestiones electorales y políticas de las violaciones de derechos humanos. «En un gobierno autoritario, las graves violaciones de derechos humanos tienen sus raíces en una política concebida para permanecer en el poder. Y para ello se emplea un sistema de represión muy sofisticado. En momentos de organización ciudadana, bien sea durante las elecciones o las protestas, crece la represión».

La participación ciudadana

«Durante muchos años el gobierno venezolano implementó estrategias para desalentar la participación electoral, incluidas irregularidades que llevaron a la oposición a decidir no intervenir en las elecciones», explicó Borges.

Sin embargo, en 2021, los venezolanos comenzaron a comprender la importancia de participar, incluso en contextos autoritarios, y cambiaron las estrategias para apoyar la negociación y las elecciones, aunque estas no tengan todas las garantías, agregó Borges.

En este contexto, la solicitud de misiones de observación internacional por parte de la sociedad civil, y el reconocimiento de su relevancia por parte de los políticos, tuvo un impacto significativo. «Contar con la mirada atenta de observadores internacionales, como la Unión Europea y el Panel de Expertos de las Naciones Unidas, ha sido fundamental. Estas misiones no solo documentan e informan irregularidades sino que también brindan visibilidad internacional a la situación en Venezuela».

Aunque las 23 recomendaciones de la MOE electoral de 2021 no se han implementado en su totalidad, sirven como marco para identificar áreas que necesitan mejorar. Las recomendaciones abordan aspectos críticos del proceso electoral, incluida la transparencia, la libertad de prensa y la protección de los derechos de los votantes y candidatos.

Contexto de irregularidades y el Acuerdo de Barbados

En Venezuela las irregularidades electorales han sido un problema constante, incluso antes de que se firmaran acuerdos como el de Barbados. «Aunque este acuerdo tenía como objetivo establecer un marco para elecciones más justas, el gobierno no ha cumplido sus compromisos, perpetuando prácticas como la manipulación del padrón electoral, la censura de los medios de comunicación y la persecución de los candidatos de la oposición», aseveró la defensora de derechos humanos.

Cepaz ha documentado más de 170 casos de persecución y criminalización en los 6 meses previos a las elecciones. Además, han sido detenidos 37 dirigentes políticos, 20 de ellos del partido de la líder de la oposición. «Estas prácticas no sólo socavan la integridad del proceso electoral sino que también crean una atmósfera de profundo miedo e incertidumbre».

«La violencia política ha sido especialmente intensa antes de las elecciones, con intimidación, detenciones arbitrarias, descalificación irregular de candidatos y ataques a activistas y figuras de la oposición. Este clima de represión desalienta la participación y socava la integridad del proceso democrático, lo que hace que la intervención internacional sea urgentemente necesaria», agregó Borges.

Aumento del costo político de las violaciones

La presencia de observadores internacionales aumenta el costo de las violaciones electorales y de derechos humanos para el gobierno venezolano. «En un momento en que la persecución y la represión son intensas, debido a la desesperada necesidad del gobierno de mantenerse en el poder, la documentación y la visibilidad internacional de estas violaciones son cruciales», recalcó Borges.

«Al aumentar el costo de estas violaciones a través de la exposición y la presión internacional, se crean incentivos para que el gobierno venezolano adopte medidas correctivas, aunque sea parcial o superficialmente. La vigilancia internacional sirve como mecanismo disuasorio, limitando hasta cierto punto la capacidad del gobierno para actuar con total impunidad».

El despliegue oportuno de estas misiones es crucial para:

Fomentar el cumplimiento de los acuerdos: La supervisión internacional persistente puede presionar al gobierno venezolano para que cumpla los compromisos asumidos en acuerdos como el Acuerdo de Barbados.

Reducir la violencia política: al documentar y publicitar la violencia, los observadores pueden ayudar a mitigar estos actos y proporcionar un entorno más seguro para los votantes y candidatos.

Para Borges, la situación en Venezuela requiere atención internacional inmediata y sostenida. Aunque los desafíos son importantes, todavía existe la oportunidad de lograr un impacto positivo. Y lo más importante es que los venezolanos tienen la esperanza de que un cambio sea posible gracias a las elecciones.