En la presentación del Informe anual 2024 de Amnistía Internacional, la directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Beatriz Borges, señaló que los mecanismos de monitoreo y escrutinio internacional sobre Venezuela, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión internacional independiente de determinación de los hechos, deben mantenerse para la protección de los derechos humanos en el país.

Repunte de la política de persecución

Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional, dio inicio a la presentación del capítulo Venezuela de este informe, señalando que desde hace varios años se viene documentando y denunciando la política de represión del gobierno venezolano, que busca silenciar a la disidencia en el país, incluyendo las voces de la sociedad civil y a las personas defensoras de derechos humanos. Como parte de esta «perversa política de Estado», en 2022 Amnistía Internacional determinó la existencia de una correlación entre los ataques que se producían y los mensajes estigmatizantes que eran emitidos en los medios de comunicación oficialistas.

El año 2024 arrancó con un alarmante repunte de esta política de persecución, cometiéndose numerosos ataques en contra del espacio cívico y de personas percibidas como críticas al gobierno, e impulsando proyectos de leyes que atentan contra la libertad de asociación y de expresión. Añadió Piquer que, producto de esta persecución, personas defensoras de derechos humanos, como Javier Tarazona y Rocío San Miguel, están hoy detenidas injustamente tras haber sido sometidas a desaparición forzada.

La persecución recrudece en contextos electorales 

Al iniciar su intervención, Borges señaló que el informe de Amnistía Internacional permite analizar el estado de los derechos humanos en diferentes países y entender incluso cuáles son esos patrones coincidentes y los retos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en todo el mundo.

Para la directora de Cepaz, la represión y la criminalización no son temas nuevos en Venezuela. «Nosotros hemos documentado al menos desde 2014 esta política de persecución». Una de las cosas que se ha identificado claramente en los informes realizados por Cepaz es que esta política opera y se recrudece en momentos determinados que amenazan la permanencia en el poder del gobierno, como es el caso de los procesos electorales y las épocas de grandes manifestaciones por parte de la población.

Según Borges, durante años se han producido tanto amenazas y patrones de restricción al espacio cívico, así como la  promoción de leyes que buscan restringir, criminalizar, crear delitos, o medidas sancionatorias. «Justamente en estos meses, donde hay un contexto electoral, hemos visto una política de persecución muy eficiente que se ha aplicado a líderes políticos, estudiantes, líderes sindicales, periodistas, defensores de derechos humanos».

Desmovilizar a la sociedad civil

Esta persecución y criminalización ha estado muy enfocada en desmovilizar a un liderazgo de la sociedad civil «que todavía en Venezuela es muy vibrante, muy activo, que documenta las violaciones de los derechos humanos».  Con este paquete de leyes y disposiciones que intenta imponer el Estado venezolano, y que atentan contra el derecho a la asociación, la libertad de expresión y los derechos políticos, vemos situaciones como la calificación de delitos de forma retroactiva, con sanciones desproporcionadas, «que lo que buscan son justamente el cierre total de del espacio cívico en Venezuela».

«La sociedad civil venezolana ha hecho siempre el esfuerzo de alertar a la comunidad internacional y hasta los momentos justamente el apoyo internacional ha sido clave para que estas normativas no avancen. Sin embargo, nos encontramos en un punto de inflexión, donde además durante años la sociedad civil ha tenido que afrontar un contexto autoritario», agregó Borges.

La aplicación de patrones como detenciones arbitrarias y desapariciones, como ha ocurrido con Rocío San Miguel y Javier Tarazona, tienen «un efecto de alto impacto en la sociedad civil». Generan miedo. La defensora de derechos humanos aseguró que los esfuerzos que se hagan desde la comunidad internacional y desde los organismos de protección deben estar dirigidos a que estas leyes no avancen.

Por su parte, la ciudadanía debe aprovechar la ventana de oportunidad que representan las elecciones, que aunque se dan en un contexto autoritario, permiten el ejercicio de sus derechos. «Si bien es cierto que vamos a tener mayor represión, mayores amenazas, estamos en un momento también de organización ciudadana, del ejercicio del derecho a la participación política».

Rol de los mecanismos de escrutinio y rendición de cuentas

Para Venezuela el establecimiento de mecanismos de escrutinio y rendición de cuentas en materia de derechos humanos ha sido fundamental. «No encontramos en el país mecanismos independientes e imparciales, donde podamos buscar justicia y protección a los derechos humanos. Poder acudir a estos organismos internacionales en los últimos años ha sido clave».

Contar hoy en día con mecanismos activos de monitoreo de violaciones a los derechos humanos ha servido como muro de contención, pero también como medio para la documentación de lo que pasa en el país.  En Venezuela «hay una política de ocultamiento, de opacidad, y de aparentar que las cosas están mejorando. El poder tener acceso a estos mecanismos de primera mano es clave para que las organizaciones y las víctimas puedan decir lo que está pasando en Venezuela». Además son vitales para mantener la presencia de la crisis venezolana en la agenda del Consejo de Derechos Humanos. Por otra parte, explicó Borges, estos mecanismos complementan la investigación que actualmente lleva a cabo la fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Paz en Venezuela

A juicio de la directora de Cepaz, en el país debemos avanzar en la búsqueda de la justicia y la verdad. «No va a haber paz en Venezuela si no resolvemos ni atendemos lo que ha pasado en más de 20 años de represión y de mucho sufrimiento para la población».

La renovación de estos mecanismos también es necesaria para alcanzar la paz verdadera en Venezuela. Debemos «avanzar en el camino para que Venezuela recupere la institucionalidad democrática. Esperamos que los resultados electorales permitan una apertura de este camino. Pero si no ocurre, vamos a necesitar una mayor presencia y atención de la comunidad internacional a una de las crisis de derechos humanos más graves de las Américas».

Frente a la  instalación de modelos autoritarios que restringen el ejercicio de los derechos debemos incrementar nuestra capacidad de defenderlos, de exigirlos, de levantar nuestra voz y de educar en derechos humanos. «Esa luz de los derechos humanos está allí y necesita de la democracia para florecer. No es fácil, pero creo que como movimiento de derechos humanos estamos llamados a dar respuesta a estas nuevas complejidades y modos sofisticados de restringir derechos», añadió.

«Desde nuestra propia experiencia nos encontramos ante el desafío de seguir defendiendo derechos humanos, de mantener la afirmación de la dignidad humana ante quienes ejercen el poder. De allí la importancia del rol de la sociedad civil, de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que conocen y entienden sus derechos y los exigen», concluyó Borges.